COMUNICADO 25 DE JUNIO 2020

megaphone-3Termina el Estado de Alarma provocado por la Covid-19, y mientras los medios y las instituciones insisten en volver a la denominada “nueva normalidad”, es necesario recordar que el pasado 20 de Septiembre organizaciones de todo el estado español declaramos la Emergencia Feminista, y que ésta continúa vigente.

A fecha de hoy se han producido 43 feminicidios, uno cada 4 días en lo que va del 2020. De éstos sólo son reconocidos oficialmente 22 porque de acuerdo con la legislación sólo se consideran víctimas de violencia de género aquellas mujeres que habían mantenido una relación sentimental con su agresor. La actual cifra oficial deja así afuera a casi la mitad de los casos, en los que la relación con la víctima era de otro tipo como pueden ser: clientes, vecinos, familiares, compañeros de trabajo o de estudios, jefes, colegas, o simplemente desconocidos. Sin embargo, es importante visibilizar que casi nueve mil hombres fueron detenidos durante el Estado de Alarma por maltratar a sus parejas mujeres, y que el número de llamadas al 016 (línea contra el maltrato) aumentó un 41,4% durante este periodo, en comparación con el mismo periodo del año anterior, ascendiendo el número total de consultas a 20.732. Más allá del contexto del confinamiento es importante mencionar que los datos contradicen el cansino argumento de las denuncias falsas. Según datos de  Consejo General del Poder Judicial el total de las mismas suponen el 0.01% de las denuncias que se interponen por violencia de género. Y este mismo organismo en un informe publicado recientemente (elaborado tras el análisis de los 1.000 asesinatos machistas ocurridos entre 2003 y abril de 2019) concluye que tres de cada cuatro víctimas no había denunciado y que en ese periodo, 765 menores quedaron huérfanos.

Los feminicidios son solo la punta del iceberg de las violencias machistas que sufrimos las mujeres, que no se limitan al ámbito de las relaciones de pareja, sino que se ceba con las mujeres de manera estructural en todos los ámbitos de la vida, producto de la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos. La pandemia ha hecho más visible lo que ya sabíamos, que las mujeres somos las que mayor vulnerabilidad sufrimos ante las crisis sanitarias y económicas, y una de las principales razones es la carga de los cuidados que la sociedad nos asigna debido al rol impuesto por el heteropatriarcado. El 84% de las personas que trabajan en establecimientos residenciales para mayores y personas dependientes son mujeres; en las profesiones sanitarias las mujeres representamos el 51% en medicina, 84% en enfermería, 72% en farmacia y 82% en psicología. Hablamos de trabajadoras que sustentan las actividades fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Pero, también nos preocupa la fuerte  destrucción de empleo dada la situación actual, con todas las consecuencias que eso supone. RECORDEMOS, nosotras somos las que presentamos mayores tasas de temporalidad, nosotras somos las que aglutinamos la contratación a tiempo parcial, además del trabajo en la economía sumergida.

 

Por todos estos motivos, EXIGIMOS:

Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Modificación del Código Penal para que solo Sí sea Sí.

→ La puesta en marcha inmediata de la acreditación de condición de víctima de violencia de género sin necesidad de denuncia que, aunque está reconocida en la legislación andaluza, aún continúa sin haberse materializado.

Una alternativa habitacional real y de largo plazo para las mujeres que sufren violencia machista, incrementando el parque de vivienda pública destinada a este fin.

Renta Básica Universal. Es violencia económica los niveles de precariedad laboral que padecemos las mujeres en general y especialmente las mujeres migrantes,trans, racializadas, presas, en prostitución, etc.. Por eso es vital asegurar unos ingresos mínimos que garanticen una vida digna para todas las personas.

La regularización ya de las personas migradas, pues para las mujeres migrantes en situación irregular que sufren violencia machista, la vulnerabilidad social, económica y jurídica a la que les somete la actual Ley de extranjería supone una violencia institucional que dificulta enormemente sus posibilidades de denunciar y salir de su situación, así como el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la población.

Políticas públicas encaminadas al fomento de masculinidades alternativas planteando modelos diversos a la masculinidad tóxica.

→ Un cambio estructural en el modelo de relaciones laborales que se base en la recuperación de los derechos que se han perdido progresivamente con la aprobación de las reformas laborales y cuyas consecuencias han sufrido en mayor medida las mujeres.

Mejoras de los recursos de atención y apoyo a las víctimas de todas las formas de Violencia de Género. Implicación de toda la ciudadanía para alcanzar una sociedad libre de violencia, más justa e igualitaria. En definitiva, una sociedad feminista. 

Hoy, 25 de junio, como todos los días 25 de cada mes, queremos volver a lanzar un mensaje de sororidad y apoyo a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia.

No estáis solas. Muchas personas, asociaciones e instituciones estamos organizadas para apoyaros.

En caso de emergencia puedes llamar al 091, al 112 o al 016, también puedes utilizar la App ALERTCOPS que conecta con la policía y envía tu localización. En caso de desear información puedes solicitarla en el 016 online: 016-online@mscbs.es . En concreto, para Granada se cuenta con los teléfonos del Centro Municipal de Información a la Mujer, 958248116 y el IAM, 958025800. No debemos olvidar el resto de centros municipales de la mujer de la provincia granadina. Además podéis contar con el asesoramiento altruista de nuestra compañera Susana Ortiz Hidalgo, Psicóloga Sanitaria, Psicoterapeuta Humanista Integrativa y Máster GEMMA, a través del siguiente correo: susanaortizhidalgo@gmail.com

 

Comunicado alerta anti-abortista Andalucía

megaphone-3¡Las mujeres deciden, el estado garantiza, las iglesias respetan y la sociedad apoya!

Esta era una de las consignas que en la alerta feminista de finales del 2013 se gritaron en las calles de todo el estado por causa de la Contrarreforma de la Ley del Aborto, que anunció el PP a primeros de 2012, y que suponía un grave retroceso para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El estallido social que supuso culminó con la dimisión del ministro mejor valorado del gobierno de entonces, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Parece que de este fracaso no aprendieron nada y desde el ejecutivo andaluz se pretende un nuevo intento de regreso al pasado, de nuevo los partidos del trío de Colón (PP, Ciudadanos Y Vox) atentan contra la libertad de las mujeres, tratándonos como menores de edad para decidir sobre nuestros cuerpos

Esta vez el gobierno andaluz, en una vuelta de tuerca más y en la dinámica de gobernar desde la ideología, la moral y la religión, anuncia una orden para subvencionar a entidades y asociaciones que apoyen y asesoren a mujeres ¨que deseen continuar con su embarazo¨. Esta medida viene de la misma Consejería, la de Salud y Familias, que recientemente nombró como coordinadora de la Estrategia para la Salud Sexual y Reproductiva a la directora del secretariado para los Cristianos Perseguidos en la diócesis de Córdoba, alto cargo del Obispado de la ciudad y abiertamente contraria al derecho al aborto. Una consejería cuyo máximo representante, el Consejero Jesús Aguirre, afirma cosas como que “lo fácil es llegar y el chupetón” para defender medidas como la que se propone. Por lo tanto, todo parece indicar que estas subvenciones se destinarán a entidades que sean correa de transmisión de un ideario rancio que vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. .

En Andalucía la tramitación de ayudas como la renta mínima de inserción, dependencia o pensiones no contributivas tienen una media de retraso de 18 meses, un alto número de los barrios y municipios más pobres de España se encuentran en nuestra tierra, estamos a la cabeza en cuanto a feminicidios.

Ayudar a las familias no es garantizar el período de gestación, es dar las condiciones para que se pueda desarrollar una crianza segura y digna , si así se decide. La mejor forma de garantizar la natalidad es la lucha contra la pobreza y la violencia.

Desde el movimiento feminista venimos mucho tiempo insistiendo en la necesidad de situar los cuidados en el centro, lo que implica necesariamente racionalizar horarios, reducir la jornada laboral sin recortar los salarios, promover un empleo de calidad con permisos más amplios y prestaciones económicas para la crianza, y garantizar unos servicios públicos que posibiliten la corresponsabilidad social en el cuidado de las niñas y niños; políticas que sin duda contribuirían de forma decisiva a que todas aquellas personas que libremente deseen tener hijas e hijos pudiesen hacerlo con garantías de futuro. Lejos de ello, las mujeres comprobamos cada día cómo la maternidad nos discrimina y nos envía al paro en un mercado laboral que es ajeno a los cuidados, mientras se afirma una y otra vez que la natalidad desciende peligrosamente en España por debajo de 1,3. Pues este índice de natalidad es el mejor indicador de cómo trata el mercado laboral a las mujeres. Paradójico e hipócrita a la vez.

Los mismos que recortan presupuesto en servicios públicos o que defienden una reforma laboral que precariza el empleo, dicen querer proteger a las mujeres que quieran ser madres. Sabemos que ese no es el objetivo de la medida que proponen, si no criminalizar la decisión de interrumpir la gestación y cuestionar nuestro derecho a hacerlo de forma libre, segura y gratuita.

Desde luego no cabe sorpresa alguna, es un gobierno escorado a la ultraderecha para poder gobernar, secuestrados por los que niegan la violencia de género, por los que se sitúan en los márgenes de la democracia, por los que a través del discurso del odio y envuelto en una falsa caridad cristiana gobiernan solo para unos pocos privilegiados y ahí no estamos las mujeres, ni la ciudadanía más desfavorecida.

Pero esta vez van más allá porque lo hacen con el dinero de todas, creando redes clientelares con el dinero público y saltándose a la torera las recomendaciones que en materia de derechos sexuales y reproductivos hacen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud «Las políticas deben orientarse a respetar, proteger y cumplir los derechos de las mujeres para alcanzar resultados de salud positivos» y eso éste ejecutivo parece ignorarlo. Aunque el derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo se recoge en la ley, aún nos queda camino que recorrer para que se garantice de forma efectiva para todas las mujeres. Aunque el gobierno central ya ha anunciado su intención de cambiarlo, lo cierto es que aún hoy, las mujeres menores, con 16 y 17 años, necesitan el consentimiento paterno para poder abortar, lo que a menudo les obliga a recurrir a prácticas clandestinas e inseguras. Por otro lado, en la mayor parte de los casos, las IVE no se realizan en centros sanitarios públicos y se sigue derivando a las mujeres a clínicas privadas, lo que en Andalucía ocasiona importantes desigualdades entre provincias y en ocasiones, incluso obliga a las mujeres a tener que desplazarse a otra provincia para poder abortar. Además, aún hoy en muchas ocasiones las mujeres tienen que soportar la coacción y el hostigamiento de grupos ultras que se concentran en las puertas de las clínicas.

Desde el movimiento feminista seguiremos defendiendo nuestros derechos, no sólo para evitar que continuemos dando pasos hacia atrás, sino también para que el derecho al aborto libre, gratuito, seguro y en la red sanitaria pública sea plenamente garantizado para todas las mujeres.

Por todo lo anterior, todos los colectivos y las organizaciones firmantes, ahora como entonces seguimos exigiendo:
¡Las mujeres deciden, el estado garantiza, las iglesias respetan y la sociedad apoya!

Granada 29 de mayo 2020.

Asamblea Feminista Unitaria de Granada – PETRA Maternidades Feministas – Mujeres Libres – Café Feminista Granada

¡Difunde y adhiérete al comunicado!

Comunicado Alerta Anti-abortista Andalucía

Comunicado 25 de mayo 2020

megaphone-3Este 25 vuelve a ser complicado estar en las calles, nuestro espacio natural de lucha, como nos gustaría, pero no vamos a resignarnos a que los feminicidios y las situaciones de maltrato hacia las mujeres queden silenciadas y lanzamos desde nuestras redes un mensaje de sororidad y de ánimo para  que NO TE QUEDES EN CASA. Sí, se puede salir ante una emergencia, se puede también acudir a las farmacias para solicitar la Mascarilla-19, allí saben que deben contactar con la policía. Queremos mandar un mensaje de que no estáis solas, muchas personas, asociaciones e instituciones estamos organizadas para apoyaros.

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Igualdad revelan que la violencia contra las mujeres no se ha detenido en tiempos de confinamiento. Todo lo contrario. El número de llamadas recibidas por el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, el 016, aumentó un 60% en el mes de abril, hasta las 8.632, si se compara con las atendidas en el mismo periodo del año anterior, lo que supone 3.236 llamadas más. También son significativas las consultas al 016 online. Entre el 1 y el 30 de abril del 2020 se recibieron 295 consultas, un 586% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando hubo 43, y un 154,3% si se compara con marzo del 2019, cuando se registraron 116. Concretamente, en la provincia de Granada, sólo desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril se atendió a 129 personas.

Desde la Asamblea Feminista Unitaria de Granada entendemos que la magnitud de estos datos, así como el menor número de denuncias interpuestas en este período, vienen a demostrar que la situación de confinamiento supone una trampa para las mujeres. Ante la imposibilidad de socializar, se ven obligadas a convivir con su maltratador  y este escenario se evidencia como el mejor aliado del verdugo para infligir violencia, muchas veces en presencia de sus hijas e hijos. En esta convivencia forzada señalar también las violencias directas que se dan a menores.

Denunciamos que en lo que va de año las cifras oficiales son de 18 mujeres asesinadas por violencia de género. Sin embargo, debemos señalar que desde las instituciones se recogen los asesinatos en contexto de pareja o expareja; tal y como queda establecido en la legislación. Sumando dichos datos con aquellos que quedan fuera del ámbito sentimental, tal y cómo reclamamos desde el movimiento feminista, según el proyecto feminicidio.net la cifra ascendería a 38  feminicidios (10 de ellos en estado de alarma más uno en fase de investigación).

En estos días de confinamiento observamos cómo las mujeres somos las que mayor vulnerabilidad sufrimos ante la crisis sanitaria y económica; sin olvidarnos de la carga de los cuidados que la sociedad nos asigna debido al rol impuesto por el heteropatriarcado. El 84% de las personas que trabajan en establecimientos residenciales para mayores y personas dependientes son mujeres; en las profesiones sanitarias las mujeres representamos el 51% en medicina, 84% en enfermería, 72% en farmacia y 82% en psicología. Hablamos de trabajadoras que sustentan las actividades fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Pero, también nos preocupa la fuerte  destrucción de empleo dada la situación actual, con todas las consecuencias que eso supone. RECORDEMOS, nosotras somos las que presentamos mayores tasas de temporalidad, nosotras somos las que aglutinamos la contratación a tiempo parcial, además del trabajo en la economía sumergida.

Por todos estos motivos, EXIGIMOS:

Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Modificación del Código Penal para que solo Sí sea Sí.

→ La puesta en marcha inmediata de la acreditación de condición de víctima de violencia de género sin necesidad de denuncia que, aunque está reconocida en la legislación andaluza, aún continúa sin haberse materializado.

Una alternativa habitacional real y de largo plazo para las mujeres que sufren violencia machista, incrementando el parque de vivienda pública destinada a este fin.

Renta Básica Universal. Es violencia económica los niveles de precariedad laboral que padecemos las mujeres en general y especialmente las mujeres migrantes,trans, racializadas, presas, en prostitución, etc.. Por eso es vital asegurar unos ingresos mínimos que garanticen una vida digna para todas las personas.

La regularización ya de las personas migradas, pues para las mujeres migrantes en situación irregular que sufren violencia machista, la vulnerabilidad social, económica y jurídica a la que les somete la actual Ley de extranjería supone una violencia institucional que dificulta enormemente sus posibilidades de denunciar y salir de su situación, así como el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la población

Políticas públicas encaminadas al fomento de masculinidades alternativas planteando modelos diversos a la masculinidad tóxica.

→ Un cambio estructural en el modelo de relaciones laborales que se base en la recuperación de los derechos que se han perdido progresivamente con la aprobación de las reformas laborales y cuyas consecuencias han sufrido en mayor medida las mujeres.

Mejoras de los recursos de atención y apoyo a las víctimas de todas las formas de Violencia de Género. Implicación de toda la ciudadanía para alcanzar una sociedad libre de violencia, más justa e igualitaria. En definitiva, una sociedad feminista. 

En estos días de confinamiento también nos quieren sumisas y calladas, pero ahora, más que nunca, nos van a encontrar FUERTES, UNIDAS Y ORGANIZADAS. Por eso queremos insistir en que NO ESTÁS SOLA y que cuentas con nuestras redes de apoyo. ¡Organízate con nosotras, contacta con nuestro espacio, pronto estaremos en las calles pero mientras SEGUIMOS EN LUCHA!

En caso de emergencia puedes llamar al 091, al 112 o al 016, también puedes utilizar la App ALERTCOPS que conecta con la policía y envía tu localización. En caso de desear información puedes solicitarla en el 016 online: 016-online@mscbs.es . En concreto, para Granada se cuenta con los teléfonos del Centro Municipal de Información a la Mujer, 958248116 y el IAM, 958025800. No debemos olvidar el resto de centros municipales de la mujer de la provincia granadina. Además podéis contar con el asesoramiento altruista de nuestra compañera Susana Ortiz Hidalgo, Psicóloga Sanitaria, Psicoterapeuta Humanista Integrativa y Máster GEMMA, a través del siguiente correo: susanaortizhidalgo@gmail.com

Comunicado anti lgtbiq+fobia (17-05-2020)

megaphone-3

Hoy 17 de Mayo se celebra el día contra la “LGBTIQ+ fobia” y desde la Asamblea Feminista Unitaria queremos alzar nuestra voz para condenar las agresiones y actitudes homófobas y tránsfobas, muchas de las cuales siguen muy presentes en nuestra sociedad e impiden a muchas personas vivir su orientación e identidad sexual libremente. 

Un ejemplo de ello es que, según datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un 42% de las personas LGTBI en la UE reportaron haber sufrido algún episodio de discriminación en el último año. Según este mismo trabajo la cifra de personas trans que manifestaron haber sufrido algún tipo de discriminación en el Estado Español durante el último año ascendió a un 63%. Estos datos revelan una desoladora realidad, que es ajena para gran parte de la población, y pone de manifiesto que en el camino contra la discriminación por razones de orientación e identidad de género todavía queda un largo camino por recorrer.

Pero además, en un día como hoy queremos denunciar también las actitudes transexcluyentes que subyacen en afirmaciones como: “el sujeto del feminismo son las mujeres” que se escucha recurrentemente por parte de ciertos sectores del movimiento feminista. Este debate no es nuevo, pero parece haber emergido con fuerza en los últimos tiempos. Denunciamos el discurso que desde una posición de privilegio se pretende imponer como único discurso feminista legítimo y se autoproclama como la voz autorizada. Un discurso destructivo, excluyente y agresivo que usa de chivo expiatorio a un colectivo todavía más oprimido por el patriarcado y  sus normas binarias en una supuesta defensa de los propios intereses de las mujeres. Parece pues pertinente recordar la célebre frase de Simone de Beauvoir: “no se nace mujer, se llega a serlo” así como insistir en que las mujeres somos diversas. Pues además del género otros muchos ejes de opresión nos atraviesan y condicionan nuestra forma de ser y estar en el mundo, y por supuesto nuestras demandas y reivindicaciones. De ahí la necesidad de hablar de feminismos en plural. 

Creemos con honestidad que las posiciones tránsfobas son minoritarias en el movimiento feminista actual. Pero quienes las sostienen hacen mucho ruido. Como dice la activista Diana Cardo, “son pocas, muy escandalosas y en posiciones de poder”. En lugar de sentirnos amenazadas por quienes luchan por tener espacio y voz propia, deberíamos empezar a reflexionar sobre la posición de privilegio que en ocasiones podemos ostentar con respecto a otras de nuestras compañeras. Porque sólo así, podremos construir un movimiento feminista en el que quepamos todas.

Comunicado de la Asamblea Feminista Unitaria ante el descrédito del 8M 2020 (1-04-2020)

megaphone-3Cualquier arma arrojadiza sirve para atacar al feminismo, ¿cómo no iba a serlo el coronavirus?

Poner la lupa en el 8M cuando hasta el fin de semana siguiente la mayor parte de la ciudadanía continuó haciendo una vida prácticamente normal y efectuando un contacto social cotidiano (si bien cada vez más cauteloso), no se sostiene en ninguna argumentación con fondo. Ni falta que hace nombrar el resto de eventos masivos que tuvieron lugar ese mismo día, ese mismo fin de semana, o la semana anterior y la otra. Ni la ingente cantidad de personas que continuaron usando el transporte público para sus desplazamientos hasta el día 14 (e incluso alguno más), en las ciudades más afectadas como Madrid y Barcelona.

Acusar a las organizaciones feministas de provocar una pandemia y utilizar la crisis como carnaza para alimentar un debate vacío no tiene otro objetivo que generar contenido basura para ganar el máximo posible de visibilización mediática (ese que por mínimo que sea es demasiado), abonando el discurso de odio a costa de la tragedia que están viviendo y van a vivir miles de familias.

Quienes buscan culpables es porque no son capaces de buscar soluciones. El movimiento feminista lleva años intentando poner en valor el trabajo reproductivo y en la lucha contra las violencias machistas, esas que no han cesado ni siquiera en estos días de confinamiento. Este mes de marzo se contabilizan de momento 11 feminicidios y asesinatos de mujeres, en marzo del año anterior fueron 5. Atacar al 8M supone una estrategia muy peligrosa para la salud y la vida de las mujeres, ya que lo que se cuestiona en el fondo son las razones que nos llevaron a manifestarnos.

El 8M no salimos de paseo, salimos en lucha por nuestros derechos, para poner el foco en  la infravaloración de los trabajos de cuidados y los trabajos feminizados, para reivindicar el derecho a una renta mínima de subsistencia, para exigir lo que ahora se evidencia esencial para el sostenimiento de la vida y la sociedad.

Es más fácil atacar al feminismo que hacer una crítica hacia las razones que llevaron a posponer la decisión del estado de alarma, las mismas que ahora están posponiendo un cierre total de las actividades económicas no imprescindibles. Hasta hoy muchos sectores industriales como la metalurgia y la construcción, continúan exponiendo a sus plantillas y priorizando la producción, sin tratarse desde luego de sectores que desempeñen actividades imprescindibles.  Sobre la salud y por encima de la vida de las personas priman los intereses económicos.

Hoy no podremos tomar las calles, pero no vamos a permanecer impasibles ante el machismo, el racismo, la homofobia y el clasismo que se perpetúan en los medios, las redes, y las instituciones…

Ahora más que nunca feminismos para transformar el mundo.

17 de marzo 2020. COMUNICADO DE LA ASAMBLEA FEMINISTA UNITARIA DE GRANADA.

La crisis sanitaria provocada por el Coronavirus está ocasionando una situación de emergencia social que pone de manifiesto los límites y las contradicciones de fondo que caracterizan al sistema económico y social en el que vivimos. Desde el movimiento feminista venimos señalando desde hace mucho tiempo la necesidad de poner la vida en el centro, lo que implica priorizar el garantizar los cuidados tanto de las personas como del ecosistema por delante de los beneficios económicos y de un crecimiento caótico y depredador basado en la ley del más fuerte.

Una de las cuestiones que esta crisis ha evidenciado claramente es la distribución social desigual del trabajo de cuidados, el cual seguimos asumiendo fundamentalmente las mujeres, ya sea en los hogares de forma gratuita o en empleos cuyas condiciones son generalmente precarias, con elevadas tasas de temporalidad, inestabilidad, bajas remuneraciones y escasa o inexistente prevención en materia de riesgos laborales.

Es el caso de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, que han manifestado su preocupación por la ausencia de un protocolo claro para el desarrollo de su actividad en estas condiciones, en las que tanto ellas como los usuarios y usuarias de la dependencia están expuestas a un riesgo específico que debería ser atendido con medidas de seguridad oportunas. Esta situación no es nueva, como no lo es su demanda de una prevención de riesgos laborales adecuada en el sector, pero con la crisis actual se convierte en una necesidad urgente. Diversas asociaciones de trabajadoras del hogar también han denunciado su situación, que ya era extremadamente precaria, pero se agrava considerablemente con la crisis sanitaria, incrementándose su explotación laboral y su incertidumbre, especialmente en el caso de aquellas trabajadoras que trabajan en régimen de internas. Según están denunciando, se están dando muchos casos en los que dada la paralización de las clases o el cierre de centros de día, se les exige que amplíen sus jornadas o directamente no abandonen en ningún momento los domicilios, sin poder disponer de sus tiempos de descanso, lo que imposibilita de facto que puedan dar respuesta a sus propias necesidades de cuidados y las de sus familias. El problema se agrava si tenemos en cuenta que en muchos casos, no existe contrato alguno, con lo cual si no ceden ante las exigencias, temen perder su empleo. Otros colectivos de trabajadoras, como las educadoras infantiles, las trabajadoras de la limpieza en servicios públicos que han dejado de funcionar temporalmente como los colegios o los centros de día, o las camareras de piso, han denunciado cómo se exponen también en estos días a la posibilidad de ser despedidas. En este tipo de empleos además existe una amplia ocupación de mujeres migrantes, que enfrentan esta crisis con menos redes de apoyo y una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección derivada de la restrictiva y racista legislación actual en materia de extranjería.

Desde la Asamblea Feminista Unitaria queremos expresar nuestra solidaridad con todas las trabajadoras y trabajadores que en estos momentos hayan sido despedidas, teman por la continuidad de sus empleos o que estén viéndose especialmente expuestas a riesgos sociosanitarios, así como sumarnos a la denuncia pública de su situación. De forma específica, queremos expresar nuestro apoyo a aquellas cuyo trabajo se desarrolla en el sector de los cuidados y cuya labor es imprescindible para el sostenimiento de la vida.  Por todo lo anterior consideramos muy necesario que se tomen medidas económicas encaminadas a la protección de las personas trabajadoras despedidas así como las debidas garantías para su readmisión una vez remitida la situación de emergencia sanitaria. Asimismo, instamos al gobierno y las administraciones competentes a que las ayudas que se destinen a empresas se vinculen a la prohibición de que en las mismas se produzcan despidos.

Por otro lado, el cierre de los centros de día de  mayores y de los colegios supone una reprivatización de los cuidados.  La carga que constituye atender a las tareas de cuidado vuelve a colocarse en el ámbito privado, en lo doméstico y se propone la búsqueda de soluciones individuales sin apoyos claros y suficientes desde lo público. Enfrentar la crisis de cuidados y las duras consecuencias de esta crisis en términos económicos pensamos que requiere, sin embargo y más que nunca, reforzar los lazos de apoyo mutuo y la recuperación de  las redes comunitarias. Aún siendo conscientes de las necesarias precauciones que ahora mismo debemos tomar, evitando espacios de cuidados colectivos presenciales, consideramos muy positivas las iniciativas de muchas personas que se han ofrecido a apoyar a sus vecinas y vecinos para hacer la compra o colaborar en las tareas de cuidados y también todas las iniciativas colectivas para organizar redes de apoyo por barrios, como han hecho las compañeras de Ajuntamientos por barrios o la Asociación Por un Realejo Habitable, que apoyaremos individualmente desde nuestro colectivo en la medida de nuestras posibilidades. También consideramos igualmente fundamental la iniciativa de aquellos sindicatos que se han ofrecido para asesorar laboralmente a todas aquellas trabajadoras y trabajadores que en estos días pierdan su empleo o se vean expuestos a irregularidades en sus centros de trabajo. Para lo que está por venir, tendremos que utilizar toda nuestra creatividad y toda nuestra fuerza colectiva para salir juntas de la crisis. Pensamos sin duda que ese es el camino a seguir: solidaridad, comunidad y feminismos.

Finalmente, mientras se mantenga la cuarentena serán muchas las mujeres, niñas y niños imposibilitadas de encontrar una vía de escape de sus maltratadores. Se hace más necesaria que nunca una respuesta rápida de las autoridades, el funcionamiento del sistema de casas de acogida y la garantía de una alternativa habitacional inmediata para las mujeres que sufren violencia machista. En los últimos presupuestos de la Junta de Andalucía desaparecieron partidas esenciales como la destinada a las entidades sin ánimo de lucro para el alquiler de viviendas destinadas a mujeres víctimas de violencia machista, que ante la situación actual no solo habría que recuperar, sino incrementar. Hacemos un llamado por tanto al conjunto de la sociedad para prestar especial atención a las señales de alerta que puedan darse en su entorno y tomar medidas para apoyar a las afectadas en la medida de sus posibilidades.

Construyamos comunidad. Cuidemos a las que cuidan.

COMUNICADO 28-S DÍA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

28 DE SEPTIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Hoy 28 de septiembre, una vez más, las feministas salimos a exigir nuestros plenos derechos sexuales y reproductivos, para continuar la lucha por el derecho al aborto y por una sexualidad libre y diversa, que nos pertenezca.

Tras una incansable lucha, en el estado español, las feministas consiguieron en 1985 la despenalización del aborto y la aprobación de la ley de supuestos. Aunque éste fue un paso importante, seguía siendo insuficiente, por lo que la lucha continuó reclamando los derechos que nos pertenecen. En el año 2010 se aprobó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que es la que rige la actual normativa en materia de aborto. Sin embargo, esta ley sólo contempla la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las primeras 14 semanas, lo cual está todavía lejos del aborto libre que reivindicamos.

En 2012, las mujeres sufrimos un nuevo ataque a nuestros derechos cuando el ex ministro del PP Alberto Ruiz Gallardón anunciara su mal llamada “Ley Orgánica de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada”. Esta contrarreforma pretendía hacernos retroceder 30 años y anular por completo nuestra voluntad y derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y por consiguiente, nuestras vidas. Pero gracias a la organización de las mujeres desde todos los territorios del estado, que tuvo su reflejo en las calles a través de numerosas movilizaciones, no sólo conseguimos que esta contrarreforma no entrara en vigor, sino que también forzamos la dimisión de Gallardón.

A pesar de esto, en 2014 retrocedimos más allá de la Ley de 2010 en cuanto a lo que el consentimiento paterno/materno de las menores de edad se refiere. Para abortar, actualmente y a instancias del PP, una menor necesita este permiso, y si no lo obtiene y existe algún conflicto entre ambas partes, se deberá resolver judicialmente. Este retroceso en los derechos de las menores no es más que una muestra del carácter machista y retrógado del PP, que reconoce el derecho a casarse, a trabajar y a ser madre de las menores entre 16 y 17 años, pero niega la posibilidad de decidir no serlo.

Además, desde el movimiento feminista seguimos denunciando que la ley actual no garantiza la práctica del aborto en los centros sanitarios públicos. De hecho, el 90% de los abortos se siguen realizando en clínicas privadas. Las mujeres que deciden interrumpir el embarazo deben tener acceso a información clara y suficiente, para poder decidir por ellas mismas qué opción se adecúa mejor a su situación personal, y todos los métodos deben estar accesibles. Las feministas no pararemos hasta conseguir un aborto libre, informado y gratuito, sin condiciones para mayores y menores de edad.

Queremos denunciar también la falta de financiación de numerosos métodos anticonceptivos, que obliga a las mujeres a costearlos. Exigimos que se garantice el acceso de toda la población a todos los métodos anticonceptivos existentes, lo que supone que estén incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Además, reclamamos una educación sexual completa y obligatoria, que recoja aspectos fisiológicos, pero también afectivo-emocionales, y que rompa con la heteronormatividad que nos impone el sistema patriarcal.

En el día por los derechos sexuales y reproductivos, queremos también acordarnos de todas las compañeras feministas que a nivel internacional siguen luchando por el derecho al aborto. Porque internacionalmente nuestros derechos sexuales y reproductivos no mejoran. Cada año, según datos de la OMS, 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro, y aproximadamente el 25% de la población mundial vive en países con leyes abortivas sumamente restrictivas. De hecho, en algunos tales como Chile o El Salvador, las mujeres todavía son mandadas a la cárcel si se realizan un aborto ilegal.

Hoy queremos también felicitar a las/os compañeras/os LGTBIQ, que tras años de lucha han conseguido que se debata la Ley de Igualdad LGTBI en el Congreso. Entre otros aspectos, esta nueva ley prohibirá las terapias de reversión, reconocerá el derecho de todas las mujeres a las técnicas de reproducción asistida en los centros hospitalarios públicos con este tratamiento, independientemente de su orientación sexual, y garantizará la atención sanitaria sin discriminación a las personas transexuales y transgénero.

Esta ley recoge además la necesidad de educar a las niñas y niños en la diversidad sexual, de género y familiar. Desde el movimiento feminista y LGTBIQ seguiremos luchando porque esto se lleve realmente a cabo, como herramienta necesaria para la profunda transformación cultural que reivindicamos. Para ello, exigimos también el fin de la familia nuclear como único modelo posible, y que las identidades no normativas sean representadas en la cultura.

Y, una vez más, exigimos el derecho sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, y el fin de la violencia sexual sobre las mujeres. Queremos transitar libremente por las calles sin arriesgarnos por ello a ser violadas; queremos decidir cuándo, cómo y con quién tenemos relaciones sexuales y reclamamos nuestro derecho a interrumpirlas si no queremos seguir adelante; sin que la sociedad nos culpabilice justificando a los agresores, decretando consentimiento y normalizando la violencia. Porque si no se respeta cuando una mujer dice “no», entonces estamos hablando de violación.

Por todo ello, desde la Asamblea Feminista Unitaria:
– Exigimos la retirada de la obligatoriedad del permiso de las/os progenitoras/os para poder abortar en el caso de menores de edad.
– Exigimos que el aborto sea libre, gratuito, de calidad y que esté garantizado por la sanidad pública.
– Exigimos una educación sexual efectiva, a todos los niveles sociales y educativos.
– Exigimos el acceso libre y gratuito para toda la población de los métodos anticonceptivos, y que estos estén garantizados por la sanidad pública.
– Exigimos que se tengan en cuenta nuestros derechos como personas, como mujeres, porque son nuestros cuerpos y nosotras decidimos.

Sobran los motivos para continuar en las calles, defendiendo el derecho al aborto libre, pero también para visibilizar la violencia y la vulneración de derechos que sufrimos las mujeres diariamente en otras muchas facetas de nuestras vidas. Desde la Asamblea Feminista Unitaria seguiremos denunciando la violencia sexual, económica, racial, la violencia contra las personas LGTBIQ, y todas las violencias perpetradas por el sistema criminal heteropatriarcal y capitalista que se sustenta a costa de los golpes que recibimos.

Únete a nosotras en esta lucha que es también la lucha de todas y de todos.
¡Ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos!

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA FEMINISTA UNITARIA

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA FEMINISTA UNITARIA

ANTE LOS ACUERDOS CONSEGUIDOS TRAS LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL ENCIERRO Y LA UGR, Y EN APOYO AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Desde la Asamblea Feminista Unitaria queremos en primer lugar, mostrar nuestro apoyo hacia el movimiento estudiantil en su conjunto (organizaciones estudiantiles, sindicatos, asambleas…) que durante años ha sido referente de la movilización social en la ciudad de Granada. Nos solidarizamos con la lucha por la educación pública en general y con las diferentes reivindicaciones concretas que se exigen en cada una de las acciones que lleva a cabo el movimiento estudiantil granaíno, como son: la lucha por el B1 gratuito, la reivindicación de un calendario académico elegido democráticamente, la mejora de las infraestructuras y materiales, la apertura de más salas de estudios, la lucha por conseguir unas condiciones laborales dignas del personal subcontratado por la UGR…

Pensamos que el diálogo entre el movimiento estudiantil y el movimiento feminista es imprescindible, porque los centros de estudios son reflejo de la sociedad patriarcal en la que vivimos, y por tanto también son espacios donde se reproduce la desigualdad de género (acoso sexual, de género, por orientación e identidad sexual; techo de cristal y dificultad de conciliar en la carrera investigadora; comentarios y chistes sexistas por parte de compañerxs y profesorxs, objetivización sexual en la publicidad que aparece en los campus universitarios, invisibilización de las mujeres en los temarios y las contribuciones científicas, distribución desigual de hombres y mujeres en carreras técnicas –masculinizadas- o relacionadas con las humanidades y el cuidado de la vida –feminizadas-…).

Por ello, nos alegra comprobar que lxs compañerxs del encierro que tuvo lugar hace unas semanas en la Facultad de Ciencias, y que se contagió posteriormente a la Facultad de Filosofía y Letras, se hayan hecho eco de muchas de las reivindicaciones que desde la Asamblea Feminista Unitaria hicimos en su día al protocolo contra el acoso recién aprobado por la UGR, y que estaba pendiente desde 2011 (https://asambleafeministaunitaria.wordpress.com/2016/11/14/universidad-libre-de-violencia-patriarcal/). Así como de que hayan puesto encima de la mesa la necesidad de empezar a cuestionar el binarismo de género entre la comunidad universitaria. Agradecemos tanto a lxs compañerxs que han estado encerradxs, como a lxs que han apoyado el encierro desde fuera, que hayan incorporado demandas feministas entre sus reivindicaciones. Y compartimos la alegría de que se haya llegado a algunos acuerdos, porque ejemplos como este ponen de manifiesto que a través de la lucha se consiguen importantes victorias. No obstante, también somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer y esperamos poder trazar alianzas futuras para conseguir el mayor número de reivindicaciones posibles.

PORQUE PARA QUE UNA EDUCACIÓN SEA DE TODXS Y PARA TODXS,
NECESARIAMENTE TIENE QUE SER FEMINISTA

28 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

megaphone-3Desde que el ex ministro del PP Alberto Ruiz Gallardón anunciara por el año 2012 su mal llamada “Ley Orgánica de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada”, el movimiento feminista a nivel estatal e internacional se ha movilizado para frenar esta contrarreforma de la ley del aborto que nos hacía retroceder 30 años atrás y que anulaba por completo nuestra voluntad y derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y por consiguiente, nuestras vidas. El movimiento feminista fue el canalizador de la lucha contra la implantación de esta contrarreforma. Gracias a la organización de las mujeres desde todos los territorios del estado, que tuvo su reflejo en las calles a través de numerosas movilizaciones en las que reclamamos nuestro derecho a decidir sobre nosotras mismas, no sólo conseguimos que esta contrarreforma no entrara en vigor, sino que también forzamos la dimisión de Gallardón.

Pero ésta no ha sido ni será la primera ni la última vez que las feministas salimos a la calle para exigir nuestros plenos derechos sexuales y reproductivos. Pues la lucha por el derecho al aborto en el Estado Español se remonta muchas décadas. En 1985 las feministas consiguieron la despenalización del aborto y la aprobación de la ley de supuestos. Aunque fue un paso importante, seguía siendo insuficiente, por lo que la lucha feminista continuó reclamando los derechos que nos pertenecen y en el año 2010, se aprobó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que es la que rige la actual normativa en materia de aborto. Esta ley de plazos, a pesar de que supuso otro importante paso adelante, sólo contempla la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las primeras 14 semanas de embarazo, lo cual todavía está lejos del aborto libre que reivindicamos.

En 2014 aunque, como hemos mencionado anteriormente, paralizamos la contrarreforma del aborto iniciada por Gallardón, retrocedimos más allá de la Ley de 2010 en cuanto a lo que el consentimiento paterno/maternos de las menores de edad se refiere. Para abortar, actualmente y a instancias del PP, una menor necesita este permiso, y si no lo obtiene y existe algún conflicto entre ambas partes, se deberá resolver judicialmente. Este retroceso en los derechos de las menores no es más que una muestra del carácter machista y retrógado del PP, que reconoce el derecho a casarse, a trabajar y a ser madre de las menores entre 16 y 17 años, pero niega la posiblidad de decidir no serlo. Esta modificación es mayor sin sentido si cabe, cuando sabemos que solo un 12,73% de las menores de 16 y 17 años que deciden abortar lo hacen sin el conocimiento de sus tutores/as (según datos del Informe ACAI) y que muchos de estos casos se deben a circunstancias excepcionales (casos de maltrato, familias desestructuradas, emancipación de la adolescente que quiere abortar, etc).

En el día por los derechos sexuales y reproductivos, queremos también acordarnos de todas las compañeras feministas que a nivel internacional siguen luchando por el derecho al aborto. Porque internacionalmente, nuestros derechos sexuales y reproductivos no mejoran. Cada año, según datos de la OMS, aproximadamente 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro, y aproximadamente el 25% de la población mundial viven en países con leyes abortivas sumamente restrictivas, sobre todo en América Latina, Africa y Asia. Estos son los países donde el aborto se encuentra más restringido de acuerdo a la ley. En algunos países, tales como Chile, las mujeres todavía son mandadas a la cárcel si se realizan un aborto ilegal.

Si bien la lucha por el derecho al aborto aún no ha terminado, porque tenemos que seguir peleando por un aborto libre y sin condiciones para mayores y menores de edad, hoy queremos visibilizar también que la lucha por nuestros derechos sexuales y reproductivos va mucho más allá.

No podemos olvidarnos del caso de Vero y Tania, a las que, a causa de criterios ideólogicos lesbófobos y machistas, se les impidió proseguir con un proceso de reproducción asistida, ya que debían demostrar que habían estado practicando durante 12 meses el coito para quedarse embarazadas. La normativa que dió pie a esta clara forma de discriminación por razón de orientación sexual, gentileza de la ex Ministra de Sanidad Ana Mato, sigue vigente en algunas comunidades autónomas, que pueden elegir aplicarla o no, en lo que para nosotras es a todas luces una forma de violencia sexual por parte del Estado.

En el mundo, la lucha por nuestros derechos sexuales y reproductivos sigue en pie. Pues de la misma forma en que la opresión contra las mujeres por parte del heteropatriarcado no entiende de fronteras, el feminismo tampoco, por lo que desde aquí nos solidarizamos con todas las compañeras que luchan por defender nuestros derechos. por que son nuestros cuerpos y nosotras decidimos.

Desde la Asamblea Feminista Unitaria, también seguimos reclamando estos derechos, la Ley de 2010 no es suficiente, por eso:
– Exigimos la retirada del de la obligatoriedad del permiso de lxs progenitores para poder abortar en el caso de menores de edad.
– Exigimos que el aborto sea libre, gratuito, de calidad y que esté garantizado por la sanidad pública.
– Exigimos una educación sexual efectiva, a todos los niveles sociales y educativos.
– Exigimos el acceso libre y gratuito para toda la población de los métodos anticonceptivos, y que estos estén garantizados por la sanidad pública.
– Exigimos que se tengan en cuenta nuestros derechos como personas, como mujeres, nosotras legislamos sobre nuestros cuerpos, si queremos hacerlo.

Esto implica no solo denunciar como insuficiente la ley del aborto actual y reivindicar el aborto libre; sino también reivindicar el derecho a transitar libremente por las calles como ciudadanas de pleno derecho sin arriesgarnos por ello a ser violadas; o a decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales y a interrumpirlas si no queremos seguir adelante; sin que la sociedad nos culpabilice justificando a los agresores, decretando consentimiento y normalizando la violencia. Porque si no se respeta cuando una mujer dice “no¨, entonces estamos hablando de violación.

Sobran los motivos para continuar en las calles, defendiendo el derecho al aborto libre pero también para visibilizar la violencia y la vulneración de derechos que sufrimos las mujeres diariamente en otras muchas facetas de nuestras vidas.

Desde la Asamblea Feminista Unitaria seguiremos denunciando la violencia sexual, económica, racial, la violencia contra las personas LGTBIQ, y todas las violencias perpetradas por el sistema criminal heteropatriarcal y capitalista que se sustenta a costa de los golpes que recibimos.

Únete a nosotras en esta lucha que es también la lucha de todas y de todos.
¡Ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos!

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA UGR ANTE LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL

megaphone-3LA ASAMBLEA FEMINISTA UNITARIA PIDE A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA QUE CREE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ANTE LOS CASOS ACTUALES DE ABUSO SEXUAL PARA NO PROLONGAR LA DOCENCIA DE PROFESORES SI SE RESUELVE QUE HAN COMETIDO DELITO.

– La Universidad de Granada (UGR) no tiene en activo ningún protocolo de prevención y actuación en casos de acoso y abuso sexual.

– Hace tres meses que una alumna denunció en la UGR a un profesor por abuso sexual e interpuso una demanda penal. La creación de una Comisión de Investigación paralela al proceso judicial, tal y como establecen los protocolos de otras universidades, resolvería si procede que la docencia del presunto abusador no se prolongue hasta la celebración del juicio, que puede hacerse esperar un año.

Es difícil que una alumna universitaria se decida a denunciar un acoso sexual por parte de un profesor, todavía más si no existe un procedimiento claro y una seguridad en el proceso. Aún así, Paula -nombre ficticio-, denunció ante el Defensor Universitario de la Universidad de Granada (UGR) que había sufrido abuso sexual en al menos dos ocasiones por parte de su profesor, que de acuerdo a su relato la forzó, le tocó los genitales y le dejó unos moratones marcados en las ingles. Inspección de Servicios le recomendó denunciar por vía penal, puso a su disposición una psicóloga, le ofreció cambiar de clase y la derivó a una asociación de mujeres maltratadas financiada por la Junta de Andalucía, que fue quien le proporcionó una abogada.

Esto ocurrió el pasado diciembre. El presunto abusador ha seguido ejerciendo la docencia con normalidad, con el agravante de haber violado el principio de confidencialidad -según una queja formal presentada por uno de los testigos ante Inspección de Servicios- al hacer público el caso y las identidades de los implicados a miembros del aula que denunciado y denunciante anteriormente compartían. Paula se siente acosada, juzgada, insegura y nada protegida por la universidad. Está diagnosticada con depresión mixta. Pese a que cambió de clase, tuvo que hacer el examen que ese profesor puso para la asignatura. Paula suspendió.

Esta situación se podría haber solventado más rápido y con diligencia con un Protocolo de prevención y actuación frente al acoso y abuso sexual dentro de la universidad. Pero la UGR no tiene. Desde el Defensor Universitario dicen que está pendiente de aprobación. La Unidad de Igualdad lleva anunciando desde 2011 su creación.

Con el Protocolo, la UGR podría tener servicios de acompañamiento para la víctima a la hora de presentar la denuncia ante la policía o someterse al examen médico. Asesoría con profesionales expertas en género, una oficina específica y teléfono de denuncia, protección a la víctima y prohibición de represalias, campañas reales de formación y sensibilización que impliquen a toda la comunidad universitaria y, sobre todo, una comisión investigadora especializada en este tipo de casos que iniciara un procedimiento paralelo al judicial para, si procede, aplicar la sanción correspondiente por este tipo de conductas. Al menos así rezan las recomendaciones de la memoria final de 2008 del Instituto de la Mujer (Exp. 50/50) sobre violencia de género en las universidades españolas.

Si Paula hubiera puesto la queja, por ejemplo, en la Universidad de Jaume I de Castellón, el caso hubiera pasado a una Comisión Investigadora, independientemente de la denuncia que ella hubiera puesto por vía penal (art.3). Esta Comisión, con acreditación en materia de género y paritaria, indagaría y verificaría internamente el caso para finalmente emitir un informe para Rectorado en el que, en el caso de ratificar el delito, hubiera recomendado la apertura de expediente disciplinario al profesor, acompañada de las medidas pertinentes, incluida la posible denuncia por delito de abuso interpuesta por la Universidad. Denuncia que se hubiera unido a la de Paula. Todo el proceso hubiera durado 45 días. Si Paula perteneciera a la Universitat de València, el plazo máximo de resolución hubiera sido de 30 días. Y si hubiera sido en la Universidad de Valladolid, el caso se hubiera resuelto internamente en sólo 25 días. También tienen un Protocolo a seguir en estos casos y contemplan la creación de comisiones de investigación internas que emitan un informe resolutivo en el plazo máximo de un mes la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Vigo o la Universidad de Alicante. En la Universidad del País Vasco, además, hubieran iniciado medidas disciplinarias contra el profesor por haber violado el derecho de confidencialidad.

Pero Paula pertenece a la Universidad de Granada, cuya rectora, dicho sea de paso, acaba de recibir el premio Meridiana 2016 en defensa de la igualdad de género, pero donde, dada la ausencia de un protocolo de actuación, es muy probable que la situación se prolongue hasta que se resuelva el juicio por vía penal, proceso que puede llegar a tardar hasta un año. Un año en el que el presunto abusador seguirá ejerciendo la docencia con normalidad, de acuerdo a la presunción de inocencia. El instructor del expediente del profesor acusado no ha contactado con Paula, por lo que no parece que se vaya a iniciar ninguna indagación al respecto. Han pasado aproximadamente tres meses desde que Paula puso en conocimiento el caso en la Inspección de Servicios de la UGR.

La Asamblea Feminista Unitaria exige a la UGR que se cree una Comisión de Investigación transitoria -una figura que la Universitat de València ya contempló para los posibles casos que ocurrieran mientras se ponía en marcha el protocolo- que resuelva con premura los casos de abuso que se dan actualmente dentro de la universidad. También exige que a corto o medio plazo se apruebe un Protocolo de actuación ante estos casos, tal y como establece la LO 3/2007 en su art. 62, que asegure la protección y el apoyo total hacia las víctimas. Y que se cree un registro anual con los datos estadísticos de estos casos y su persecución, como recogen los protocolos de otras universidades, que puestos en conocimiento de la comunidad universitaria ayuden a crear una cultura de sensibilización hacia cualquier tipo de situación discriminatoria. Así como que la Universidad denuncie públicamente estos casos y se comprometa de forma activa en la lucha contra el machismo que día a día está presente en sus aulas, pues el silencio y la invisibilización perpetúa el sexismo, la normalización de estas conductas y la inseguridad de las víctimas a la hora de denunciar.