CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA UGR ANTE LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL

megaphone-3LA ASAMBLEA FEMINISTA UNITARIA PIDE A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA QUE CREE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ANTE LOS CASOS ACTUALES DE ABUSO SEXUAL PARA NO PROLONGAR LA DOCENCIA DE PROFESORES SI SE RESUELVE QUE HAN COMETIDO DELITO.

– La Universidad de Granada (UGR) no tiene en activo ningún protocolo de prevención y actuación en casos de acoso y abuso sexual.

– Hace tres meses que una alumna denunció en la UGR a un profesor por abuso sexual e interpuso una demanda penal. La creación de una Comisión de Investigación paralela al proceso judicial, tal y como establecen los protocolos de otras universidades, resolvería si procede que la docencia del presunto abusador no se prolongue hasta la celebración del juicio, que puede hacerse esperar un año.

Es difícil que una alumna universitaria se decida a denunciar un acoso sexual por parte de un profesor, todavía más si no existe un procedimiento claro y una seguridad en el proceso. Aún así, Paula -nombre ficticio-, denunció ante el Defensor Universitario de la Universidad de Granada (UGR) que había sufrido abuso sexual en al menos dos ocasiones por parte de su profesor, que de acuerdo a su relato la forzó, le tocó los genitales y le dejó unos moratones marcados en las ingles. Inspección de Servicios le recomendó denunciar por vía penal, puso a su disposición una psicóloga, le ofreció cambiar de clase y la derivó a una asociación de mujeres maltratadas financiada por la Junta de Andalucía, que fue quien le proporcionó una abogada.

Esto ocurrió el pasado diciembre. El presunto abusador ha seguido ejerciendo la docencia con normalidad, con el agravante de haber violado el principio de confidencialidad -según una queja formal presentada por uno de los testigos ante Inspección de Servicios- al hacer público el caso y las identidades de los implicados a miembros del aula que denunciado y denunciante anteriormente compartían. Paula se siente acosada, juzgada, insegura y nada protegida por la universidad. Está diagnosticada con depresión mixta. Pese a que cambió de clase, tuvo que hacer el examen que ese profesor puso para la asignatura. Paula suspendió.

Esta situación se podría haber solventado más rápido y con diligencia con un Protocolo de prevención y actuación frente al acoso y abuso sexual dentro de la universidad. Pero la UGR no tiene. Desde el Defensor Universitario dicen que está pendiente de aprobación. La Unidad de Igualdad lleva anunciando desde 2011 su creación.

Con el Protocolo, la UGR podría tener servicios de acompañamiento para la víctima a la hora de presentar la denuncia ante la policía o someterse al examen médico. Asesoría con profesionales expertas en género, una oficina específica y teléfono de denuncia, protección a la víctima y prohibición de represalias, campañas reales de formación y sensibilización que impliquen a toda la comunidad universitaria y, sobre todo, una comisión investigadora especializada en este tipo de casos que iniciara un procedimiento paralelo al judicial para, si procede, aplicar la sanción correspondiente por este tipo de conductas. Al menos así rezan las recomendaciones de la memoria final de 2008 del Instituto de la Mujer (Exp. 50/50) sobre violencia de género en las universidades españolas.

Si Paula hubiera puesto la queja, por ejemplo, en la Universidad de Jaume I de Castellón, el caso hubiera pasado a una Comisión Investigadora, independientemente de la denuncia que ella hubiera puesto por vía penal (art.3). Esta Comisión, con acreditación en materia de género y paritaria, indagaría y verificaría internamente el caso para finalmente emitir un informe para Rectorado en el que, en el caso de ratificar el delito, hubiera recomendado la apertura de expediente disciplinario al profesor, acompañada de las medidas pertinentes, incluida la posible denuncia por delito de abuso interpuesta por la Universidad. Denuncia que se hubiera unido a la de Paula. Todo el proceso hubiera durado 45 días. Si Paula perteneciera a la Universitat de València, el plazo máximo de resolución hubiera sido de 30 días. Y si hubiera sido en la Universidad de Valladolid, el caso se hubiera resuelto internamente en sólo 25 días. También tienen un Protocolo a seguir en estos casos y contemplan la creación de comisiones de investigación internas que emitan un informe resolutivo en el plazo máximo de un mes la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Vigo o la Universidad de Alicante. En la Universidad del País Vasco, además, hubieran iniciado medidas disciplinarias contra el profesor por haber violado el derecho de confidencialidad.

Pero Paula pertenece a la Universidad de Granada, cuya rectora, dicho sea de paso, acaba de recibir el premio Meridiana 2016 en defensa de la igualdad de género, pero donde, dada la ausencia de un protocolo de actuación, es muy probable que la situación se prolongue hasta que se resuelva el juicio por vía penal, proceso que puede llegar a tardar hasta un año. Un año en el que el presunto abusador seguirá ejerciendo la docencia con normalidad, de acuerdo a la presunción de inocencia. El instructor del expediente del profesor acusado no ha contactado con Paula, por lo que no parece que se vaya a iniciar ninguna indagación al respecto. Han pasado aproximadamente tres meses desde que Paula puso en conocimiento el caso en la Inspección de Servicios de la UGR.

La Asamblea Feminista Unitaria exige a la UGR que se cree una Comisión de Investigación transitoria -una figura que la Universitat de València ya contempló para los posibles casos que ocurrieran mientras se ponía en marcha el protocolo- que resuelva con premura los casos de abuso que se dan actualmente dentro de la universidad. También exige que a corto o medio plazo se apruebe un Protocolo de actuación ante estos casos, tal y como establece la LO 3/2007 en su art. 62, que asegure la protección y el apoyo total hacia las víctimas. Y que se cree un registro anual con los datos estadísticos de estos casos y su persecución, como recogen los protocolos de otras universidades, que puestos en conocimiento de la comunidad universitaria ayuden a crear una cultura de sensibilización hacia cualquier tipo de situación discriminatoria. Así como que la Universidad denuncie públicamente estos casos y se comprometa de forma activa en la lucha contra el machismo que día a día está presente en sus aulas, pues el silencio y la invisibilización perpetúa el sexismo, la normalización de estas conductas y la inseguridad de las víctimas a la hora de denunciar.

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