“DE RAÍZ” Nº23

Ya podéis escuchar el podcast del programa “De Raíz”, en Radio Almaina, donde nuestra sección “A Despatriarcar” comienza en torno a la hora y media de programa.

Este programa hemos querido dedicarlo a la reflexión sobre los cuidados, en el marco de las jornadas «Cuidados en Acción» que se están realizando en Granada, y a la temática del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entrevistamos a Celia García, miembro del equipo redactor de la revista feminista «La Madeja» y organizadora de las jornadas. Celia nos explica el contenido y objetivo de las mismas, e introduce cuestiones relativas a la economía feminista, como la importancia de los cuidados y la problemática de la cadena global de cuidados. Ante la actual despolitización del 8 de marzo, compartimos con vosotras el origen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y visibilizamos las luchas llevadas a cabo por los movimientos feministas por la conquista de nuestros derechos. Por último, condenamos el asesinato de Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista y defensora del medio ambiente; asesinada a causa de su activismo.

Esperamos que os guste.

Enlace al podcast: https://radioalmaina.org/2016/03/de-raiz-23-2/

MANIFIESTO 8 DE MARZO

NADA QUE CELEBRAR, MUCHO POR LO QUE LUCHAR.

8M, POR UN FEMINISMO COMBATIVO

Como cada 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, llenamos las calles de lucha contra la opresión que sufrimos las mujeres en este sistema. A lo largo del pasado año, desde la Asamblea Feminista Unitaria hemos denunciado cada mes los brutales feminicidios sufridos, cerrando el año con un total de 70 mujeres asesinadas.

Pero sabemos que esto es solo la punta de la pirámide que compone todas las violencias que vivimos diariamente las mujeres trabajadoras. Nosotras sufrimos otros modos de violencias que son la base esencial para alimentar al sistema capitalista, sobre todo si hablamos del ámbito laboral, donde estamos destinadas a ser objeto de toda clase de discriminaciones:

Por un lado, somos las mujeres quienes sufrimos la desigualdad salarial, la discriminación a la hora de acceder a un puesto de trabajo por la posibilidad de quedarnos embarazadas, la incertidumbre por la precaria estabilidad laboral, la necesidad de demostrar doblemente nuestras capacidades, las dificultades que encontramos para ascender a puestos de poder y que suponen un techo de cristal para nuestras aspiraciones laborales, el acoso sexual en el trabajo, etc.

Además, la prohibición del aborto libre perpetúa el sometimiento de las mujeres al
ámbito reproductivo que tanto refuerza y beneficia al sistema capitalista.

En esta misma línea, la división sexual del trabajo (gestada en la base de una educación sexista) es la clave para poder sacar beneficio a costa de las mujeres, pues a nosotras se nos asignan aquellas tareas que no son socialmente consideradas un trabajo como tal y que se naturaliza en el seno de la familia como es el trabajo de los cuidados.

Sabemos que los contratos parciales y “flexibles” son mayormente asignados a mujeres, un 74.35% para ser exactas, precisamente para someternos a esa doble tarea, la remunerada, con unas condiciones totalmente precarias, y la que se lleva a cabo en el hogar, como es el cuidar a hijos/as u otros familiares dependientes. En este sentido, los recortes en servicios sociales como en ayuda a la dependencia, además de precarizar este importante servicio o incluso hacerlo desaparecer, atacan directamente a la calidad de vida de las mujeres, pues han provocado una rehogarización del trabajo de los cuidados, que recaen principalmente sobre las mismas.

Otros agudos recortes son los ejercidos en las escuelas infantiles, obligando a las familias a buscar cuidado en el mercado a mayor precio o reabsorberlo mediante trabajo gratuito familiar que cómo no, suele ser femenino.

En este contexto, son las mujeres inmigrantes los grupos más vulnerables, protagonizando las cadenas globales de cuidados. Mujeres, que migran como estrategia de supervivencia de su propio hogar, en el país de destino se encargan de un trabajo imprescindible para que otra mujer pueda conciliar su vida familiar y laboral. Al mismo tiempo, su marcha exige que alguien en el país de origen asuma la responsabilidad de proporcionar los cuidados que ellas ya no pueden ejercer.

Son las más expuestas a sufrir la explotación laboral, sumado a una doble discriminación, pues han de afrontar la dura opresión que supone la xenofobia, así como por la mera condición de ser mujeres. En relación con las migraciones, queremos destacar también que las mujeres y niñas refugiadas, además de vivir las terribles condiciones que supone la situación de estas personas, sufren diariamente discriminación y violencia machista caracterizada por constantes abusos y acoso sexual.

También denunciamos que estas desigualdades laborales, reproducidas aún más en situación de crisis, potencian las violencias en el hogar, pues según las estadísticas más de la mitad de las mujeres maltratadas están en paro. Esto, sumado a que el número de denuncias ha caído desde el comienzo de la crisis, revela claramente cómo este contexto agudiza la violencia hacia las mujeres, pues hacen que las mujeres que sufren violencia machista no puedan abandonar el hogar al no tener recursos ni independencia económica.

Queremos dejar claro que todas las violencias hacia las mujeres trabajadoras son intrínsecas al sistema capitalista, que posee fuertes herramientas para perpetuar el patriarcado. Por ello, pensamos que esta opresión y explotación hacia las mujeres no se solventa con reivindicaciones institucionales que defienden cambiar las leyes, pues son realmente parches que no solucionan el problema de raíz. Gobierne quien gobierne, saldremos a invadir las calles, como lo hacemos cada mes, en cada convocatoria o como demostramos el pasado 7N en las calles madrileñas, para luchar contra el patriarcado y el capitalismo, con un feminismo combativo y de clase que cuestione el sistema que nos oprime en todos los ámbitos de nuestras vidas.

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA UGR ANTE LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL

LA ASAMBLEA FEMINISTA UNITARIA PIDE A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA QUE CREE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ANTE LOS CASOS ACTUALES DE ABUSO SEXUAL PARA NO PROLONGAR LA DOCENCIA DE PROFESORES SI SE RESUELVE QUE HAN COMETIDO DELITO.

– La Universidad de Granada (UGR) no tiene en activo ningún protocolo de prevención y actuación en casos de acoso y abuso sexual.

– Hace tres meses que una alumna denunció en la UGR a un profesor por abuso sexual e interpuso una demanda penal. La creación de una Comisión de Investigación paralela al proceso judicial, tal y como establecen los protocolos de otras universidades, resolvería si procede que la docencia del presunto abusador no se prolongue hasta la celebración del juicio, que puede hacerse esperar un año.

Es difícil que una alumna universitaria se decida a denunciar un acoso sexual por parte de un profesor, todavía más si no existe un procedimiento claro y una seguridad en el proceso. Aún así, Paula -nombre ficticio-, denunció ante el Defensor Universitario de la Universidad de Granada (UGR) que había sufrido abuso sexual en al menos dos ocasiones por parte de su profesor, que de acuerdo a su relato la forzó, le tocó los genitales y le dejó unos moratones marcados en las ingles. Inspección de Servicios le recomendó denunciar por vía penal, puso a su disposición una psicóloga, le ofreció cambiar de clase y la derivó a una asociación de mujeres maltratadas financiada por la Junta de Andalucía, que fue quien le proporcionó una abogada.

Esto ocurrió el pasado diciembre. El presunto abusador ha seguido ejerciendo la docencia con normalidad, con el agravante de haber violado el principio de confidencialidad -según una queja formal presentada por uno de los testigos ante Inspección de Servicios- al hacer público el caso y las identidades de los implicados a miembros del aula que denunciado y denunciante anteriormente compartían. Paula se siente acosada, juzgada, insegura y nada protegida por la universidad. Está diagnosticada con depresión mixta. Pese a que cambió de clase, tuvo que hacer el examen que ese profesor puso para la asignatura. Paula suspendió.

Esta situación se podría haber solventado más rápido y con diligencia con un Protocolo de prevención y actuación frente al acoso y abuso sexual dentro de la universidad. Pero la UGR no tiene. Desde el Defensor Universitario dicen que está pendiente de aprobación. La Unidad de Igualdad lleva anunciando desde 2011 su creación.

Con el Protocolo, la UGR podría tener servicios de acompañamiento para la víctima a la hora de presentar la denuncia ante la policía o someterse al examen médico. Asesoría con profesionales expertas en género, una oficina específica y teléfono de denuncia, protección a la víctima y prohibición de represalias, campañas reales de formación y sensibilización que impliquen a toda la comunidad universitaria y, sobre todo, una comisión investigadora especializada en este tipo de casos que iniciara un procedimiento paralelo al judicial para, si procede, aplicar la sanción correspondiente por este tipo de conductas. Al menos así rezan las recomendaciones de la memoria final de 2008 del Instituto de la Mujer (Exp. 50/50) sobre violencia de género en las universidades españolas.

Si Paula hubiera puesto la queja, por ejemplo, en la Universidad de Jaume I de Castellón, el caso hubiera pasado a una Comisión Investigadora, independientemente de la denuncia que ella hubiera puesto por vía penal (art.3). Esta Comisión, con acreditación en materia de género y paritaria, indagaría y verificaría internamente el caso para finalmente emitir un informe para Rectorado en el que, en el caso de ratificar el delito, hubiera recomendado la apertura de expediente disciplinario al profesor, acompañada de las medidas pertinentes, incluida la posible denuncia por delito de abuso interpuesta por la Universidad. Denuncia que se hubiera unido a la de Paula. Todo el proceso hubiera durado 45 días. Si Paula perteneciera a la Universitat de València, el plazo máximo de resolución hubiera sido de 30 días. Y si hubiera sido en la Universidad de Valladolid, el caso se hubiera resuelto internamente en sólo 25 días. También tienen un Protocolo a seguir en estos casos y contemplan la creación de comisiones de investigación internas que emitan un informe resolutivo en el plazo máximo de un mes la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Vigo o la Universidad de Alicante. En la Universidad del País Vasco, además, hubieran iniciado medidas disciplinarias contra el profesor por haber violado el derecho de confidencialidad.

Pero Paula pertenece a la Universidad de Granada, cuya rectora, dicho sea de paso, acaba de recibir el premio Meridiana 2016 en defensa de la igualdad de género, pero donde, dada la ausencia de un protocolo de actuación, es muy probable que la situación se prolongue hasta que se resuelva el juicio por vía penal, proceso que puede llegar a tardar hasta un año. Un año en el que el presunto abusador seguirá ejerciendo la docencia con normalidad, de acuerdo a la presunción de inocencia. El instructor del expediente del profesor acusado no ha contactado con Paula, por lo que no parece que se vaya a iniciar ninguna indagación al respecto. Han pasado aproximadamente tres meses desde que Paula puso en conocimiento el caso en la Inspección de Servicios de la UGR.

La Asamblea Feminista Unitaria exige a la UGR que se cree una Comisión de Investigación transitoria -una figura que la Universitat de València ya contempló para los posibles casos que ocurrieran mientras se ponía en marcha el protocolo- que resuelva con premura los casos de abuso que se dan actualmente dentro de la universidad. También exige que a corto o medio plazo se apruebe un Protocolo de actuación ante estos casos, tal y como establece la LO 3/2007 en su art. 62, que asegure la protección y el apoyo total hacia las víctimas. Y que se cree un registro anual con los datos estadísticos de estos casos y su persecución, como recogen los protocolos de otras universidades, que puestos en conocimiento de la comunidad universitaria ayuden a crear una cultura de sensibilización hacia cualquier tipo de situación discriminatoria. Así como que la Universidad denuncie públicamente estos casos y se comprometa de forma activa en la lucha contra el machismo que día a día está presente en sus aulas, pues el silencio y la invisibilización perpetúa el sexismo, la normalización de estas conductas y la inseguridad de las víctimas a la hora de denunciar.